El cambio más dramático y trascendente en su historia le ha ocurrido a la sociedad hondureña, a partir de 1950. Un crecimiento demográfico acelerado le ha cambiado su fisonomía, de un millón de habitantes a ocho millones en la actualidad con aglomeraciones urbanas como Tegucigalpa, de 100 mil habitantes al millón o más. Esto ha conllevado una transformación del país desde una sociedad predominantemente rural y patriarcal a una sociedad urbana y moderna. Dramático es este escenario puesto que toca al cambio obligado de mentalidad, tan difícil, quizás el más difícil, de conseguir.
Destaca en este cambio el rol de la mujer, que en 1956 obtuvo su derecho al voto y que ocupa ahora un sitial de liderazgo en campos antes vedados como las carreras universitarias, a nivel superior. Con escándalo de las mentes conservadoras, la independencia de la mujer se manifiesta también en el aumento de divorcios.
El movimiento popular irrumpió en 1954 con la gran huelga bananera que significó para Honduras ponerse al tanto de tareas pendientes como la libre sindicalización, el salario mínimo, la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas. En unos primeros momentos se juzgó que todo esto era comunismo pero el movimiento popular ha tenido en Honduras una vertiente democrática indudable.
A partir de 1950 comenzó a aplicarse un liberalismo desarrollista en los gobiernos de Gálvez y Villeda, que fortaleció al Estado y subrayó su injerencia como agente de cambio. Surgieron así el Banco Central, el Banco de Fomento, los Ministerios del Trabajo, de Salud y de Agricultura, instituciones descentralizadas en energía eléctrica, aguas y saneamiento, telecomunicaciones, Instituto de la Vivienda, de la Reforma Agraria, del Seguro Social y entes fiscalizadores como la Contraloría General de la Republica. La Constitución de 1957 concedió su autonomía a la Universidad Nacional.
Pero la institución que más se benefició en este nuevo Estado fue el Ejército. Apenas existente antes de la segunda guerra mundial, apoyado por Estados Unidos, la Constitución de 1957 le dio facultades extraordinarias. El Jefe de las Fuerzas Armadas ascendió a una posición paralela al Presidente de la República, el Ejército tenía plena autonomía para manejar su presupuesto, su personal, sus proyectos sin darle cuentas a nadie. Fueron estas prerrogativas las que acentuaron su carácter gremial y de defensa de sus conquistas. Ello explica el golpe de 1963, que había sido precedido por el de 1956 y continuado en el de 1972
Pero la década militar, entre 1972-1982, en la que gobernaron en solitario los militares no se distinguió como en otros países de Latinoamérica por su represión antipopular y tomó medidas favorables como una más radical ley de Reforma Agraria, tiendas de consumo popular, regulación del salario mínimo y un ambicioso programa de salud pública.
El proceso de integración centroamericano o MERCOMUN inició con buen pie, pero no supo superar las contradicciones entre sus países miembros, deteniéndose en una corta guerra entre Honduras y El Salvador, que el 14 de julio de 1969, invadió territorios hondureños. Estas desavenencias pesan sobre poblaciones que han acentuado sus particularidades nacionalistas sin que se le dé mucha cabida a la unión centroamericana no solo en declaraciones oficiales sino en la vida y mentalidad cotidiana.
Las políticas de desarrollo social, desde 1950 hasta las introducidas por los militares han sido factor de estabilidad en Honduras y han contenido los brotes de guerras revolucionarias como, por este tiempo, tuvieron lugar en los países vecinos. Esto ha inducido el juicio de que los hondureños somos gentes pacíficas y partidarios del diálogo y la convivencia.
Pacíficamente los militares retornaron a los cuarteles en 1982 abriendo el camino para gobiernos civiles bajo el imperio de una nueva constitución. Esta Carta Magna de 1982 ha sido la de más larga vigencia en la historia hondureña, con ya más de tres décadas y ha presidido la elección de nueve presidentes con los respectivos procesos electorales. Este reciente caminar no ha estado exento de problemas, algunos muy agudos entre la clase política, pero puede decirse que todavía los ingentes problemas sociales constituyen un formidable reto por encima de la política en sí y que este reto incluso puede afectar negativamente la identidad.