PANEL 10 (A) CRISIS AL FINAL DEL GOBIERNO DE VILLEDA MORALES
A partir de 1960, el gobierno civilista y democrático de Ramón Villeda Morales quedó envuelto en turbulencias internas y externas que lo rebasaron por completo y causaron finalmente su derrocamiento por los militares. Aquel año había sido acremente criticado por haber ignorado la soberanía hondureña al tolerar la presencia de soldados estadounidenses que se habían acantonado en la Isla del Cisne con el propósito de proteger una poderosa emisora de radio que difundiría propaganda contra el gobierno de la revolución cubana de Fidel Castro iniciada en 1959.
Villeda Morales había promulgado en 1962 la Reforma Agraria, siguiendo las pautas de la Alianza para el Progreso inspirada por John F. Kennedy, de quien era fervoroso admirador. Pero pocos meses después estalló la crisis de los misiles en Cuba. Al calor del ambiente creado por la Guerra Fría, y las crecientes tensiones entre el bloque soviético y Estados Unidos, en El Salvador y en Guatemala se producen dos golpes de Estado encabezados por los militares, mientras que en Nicaragua empezaban a formarse focos revolucionarios de inspiración sandinista.
PANEL 10 (B) EL GOLPE MILITAR DE 1963
En plena Guerra Fría y en medio del convulso ambiente de tensiones internas existente en los países vecinos, el presidente Ramón Villeda Morales trató de revocar el articulado constitucional referente a las Fuerzas Armadas, al par que hacía pronunciamientos antimilitaristas, desafiando de esa manera a las autoridades militares. A ello se sumó el malestar que sus medidas reformistas habían creado entre los sectores conservadores y reaccionarios, como el Código de Trabajo y la Reforma Agraria. Fue entonces acusado de “comunista”, y días antes de la fecha prevista para las elecciones presidenciales, el 3 de octubre de 1963, las Fuerzas Armadas derrocaron a Villeda Morales, asumiendo el poder el coronel Oswaldo López Arellano.
Fue un golpe de Estado de graves consecuencias para el país; las varias protestas populares y de grupos sindicalistas que se produjeron, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, fueron reprimidas de manera implacable, ocasionando numerosas pérdidas de vidas humanas. Las cárceles se llenaron de presos políticos. Desafiando al gobierno militar surgieron brotes de resistencia armada en varias partes del país, y las autoridades militares decretaron el Estado de Sitio.
Luego de sucesivas maniobras políticas para atraer facciones oportunistas, López Arellano se impuso en unas elecciones seriamente cuestionadas para erigirse en “presidente constitucional”, legitimando de esa manera el golpe. Se inició entonces un gobierno controlado por los militares que se caracterizó por la descomposición social, la institucionalización de la corrupción y la represión policial. Parejo a este proceso, el capital estadounidense empezó a invadir nuevos y mayores espacios en la economía hondureña.
PANEL 10 (C) EL RÉGIMEN MILITAR
La supremacía de los militares se extendería hasta 1985, y se inscribe en la misma corriente que se instauró en la América Latina durante los años de la Guerra Fría, con el pretexto del peligro comunista y el vigoroso respaldo del gobierno de los Estados Unidos, cuyas empresas obtuvieron confianza y sacaron provecho económico de las circunstancias: para 1967, varias multinacionales estadounidenses poseían la casi totalidad de las cinco empresas más grandes de Honduras (casi el 90% del capital de las mayores veinte empresas), y el sistema bancario quedó casi enteramente en manos del capital estadounidense.
LA GUERRA DE LAS CIEN HORAS
Estando en el poder Oswaldo López Arellano, en el mes de julio de 1969 estalló la Guerra de las Cien Horas entre El Salvador y Honduras. Este conflicto estalló al término de una competencia de fútbol entre ambos países, pero sus causas reales se encontraban en dos factores más profundos: por una parte, el hecho de que El Salvador estaba aprovechando con ventaja sobre Honduras acuerdos comerciales del Mercado Común Centroamericano, Mercomún, y en buena parte también, por la masiva ocupación de tierras hondureñas por campesinos salvadoreños que creaban un creciente malestar en la zona fronteriza. El encuentro de fútbol fue la chispa que incendió la guerra fratricida.
Fue una guerra que se pudo evitar. Pero el gobierno militar de Honduras, minado por la corrupción y el descrédito, no tuvo capacidad para prevenir el conflicto, permitiendo más bien que el descontento entre los hondureños aflorara en forma de exaltado nacionalismo. Paradójicamente, y en contraste con el heroísmo demostrado en el campo de batalla por los miembros del ejército, el conflicto contribuyó a desprestigiar a los altos mandos militares, pues se puso al descubierto su incompetencia y su corrupción: se mantenía al ejército mal equipado y peor organizado y se cuestionó la inexistencia de elementos que figuraban en planillas ficticias. Además, se hizo evidente su cobardía cuando en lugar de ir al frente de las tropas para la defensa del territorio nacional dirigieron la guerra protegidos por las bóvedas del Banco Central de Honduras. Todo ello creó gran malestar entre los mandos medios, conformado por oficiales más profesionalizados, lo que arruinó los planes del general López Arellano de perpetuarse al frente de las fuerzas militares y finalmente optó por renunciar.
Por otra parte, la guerra tuvo de positivo el hecho de exaltar los sentimientos patrióticos de los hondureños y contribuir a establecer solidaridades entre sectores sociales e ideológicos que antes del conflicto mostraban poca disposición a la conciliación. De esa manera se pudieron aliar la Confederación de los Trabajadores de Honduras, que incluía sindicatos de filiación izquierdista, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Para fines de 1970, ambas agrupaciones pudieron elaborar un plan político de unión nacional para evitar el retorno al poder de los dos cuestionados partidos tradicionales.
HONDURAS BAJO LOS REGÍMENES MILITARES (1963-1985)
Durante el período 1963 a 1985, fueron las Fuerzas Armadas las que gobernaron de facto a Honduras. Hubo elecciones cuestionadas, oportunismo de los grupos políticos para acceder a una parcela del poder detentado por los militares, frecuentes manifestaciones populares de protesta que suscitaban represión militar, con pérdidas de vidas humanas, encarcelamientos, persecución de políticos descontentos. También durante esos años se produjeron varios escándalos de corrupción.
Oswaldo López Arellano le entregó la Presidencia de la República a Ramón Ernesto Cruz Uclés, cuyo efímero gobierno (1971-1972) instauró el Gran Pacto de Unidad Nacional, cuyo fracaso le significó la pérdida del poder. El general López Arellano volvió al poder el 4 de diciembre de 1972 mediante un golpe de Estado, y allí se mantuvo hasta 1975, para ser relevado del mando por otro militar (el general Juan Alberto Melgar Castro), y éste a su vez por una Junta Militar encabezada por el general Policarpo Paz García, hasta que las Fuerzas Armadas accedieron a democratizar el país mediante un proceso electoral que, restableciendo el orden constitucional en Honduras, llevó a la Presidencia al Dr. Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), un complaciente colaborador de los mandos militares hasta el fin de su administración.
COYUNTURA INTERNACIONAL Y POLÍTICAS REFORMISTAS
El control militar de Honduras se explica por una acumulación de factores convergentes que también llevaron al poder a otros gobiernos militares en América Latina. Los paralelismos entre estos gobiernos militares son singularmente parecidos, como si se hubiesen puesto de acuerdo para replicar un mismo patrón. Estados Unidos había quedado con las manos atadas en la Guerra de Vietnam, lo que distrajo su atención de América Latina, tolerando la aparición de gobiernos progresistas o reformistas como el de los militares en Panamá en 1968, el de Perú y Bolivia en 1969, y en 1970 el de un civil, Salvador Allende, en Chile.
En Honduras, a imitación de otros gobiernos dictatoriales y de corte populista, se gobernó por decretos-leyes y fue así cómo, en su segundo período de gobierno, Oswaldo López Arellano dio impulso a una nueva Reforma Agraria, una reforma que continuaron los sucesivos gobiernos militares, hasta el de Juan Alberto Melgar Castro, aunque cada vez con menor intensidad, hasta virtualmente suspenderla. Se distribuyó mucha tierra entre los campesinos y estos quedaron contentos por algunos años. Ciertos analistas sugieren que esto fue un factor clave para que Honduras escapara a las turbulencias que estremecieron a los países vecinos durante aquellos años. Aunque también a ello contribuiría decisivamente el papel tutelar que ejerció la poderosa presencia militar estadounidense en nuestro suelo.
Pero a la postre, la política agraria resultó un fracaso en todas partes de América Latina. En Honduras tuvo un éxito limitado. No se hicieron expropiaciones a las grandes empresas, ni se afectó mayormente a los terratenientes. El proyecto original sólo se cumplió en un 15%. La mayor parte de la tierra distribuida era de la que ya había abandonado la United Fruit Company, y luego de trabajarlas durante algunos años, las cooperativas de campesinos volvieron a venderlas a las mismas empresas bananeras, habiéndose invertido en ellas en muchas mejoras. A fin de cuentas, según algunos analistas, lejos de resolver el problema de la pobreza en el mundo rural, la Reforma agraria la ocasionó y acrecentó.
LA “GUERRA DEL BANANO”
También durante esos años, los países latinoamericanos productores de banano (Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador), se unieron para establecer impuestos más altos sobre cada caja de banano que las bananeras exportaban. Pero las empresas bananeras respondieron enérgicamente y en Honduras destruyeron cientos de miles de cajas de bananos, piñas y cocos, a fin de evitar oferta exportable y privar al país de liquidez provocando una crisis. En cuatro meses habían ganado la batalla. En 1974, para protegerse mejor en el futuro, los países productores formaron la UPEB (Unión de los Países Exportadores de Bananos). Pero las empresas bananeras movilizaron sus grandes recursos de capital para impedir que la UPEB fuera la que decidiera sobre la comercialización de la fruta, y lograron su objetivo.
Al día siguiente de la creación de la UPEB cayó sobre Honduras el huracán FIFI, dejando 10,000 muertos, 20,000 hectáreas de plantaciones de la United Fruit Company totalmente destruidas y una gran devastación en el Norte del país. El Gobierno al mando de las Fuerzas Armadas evidenció incompetencia para hacerle frente a esta nueva crisis. La situación se agravó con un terremoto que, originado en Guatemala, también afectó la zona occidental de Honduras. En 1975 se hizo público un escándalo de soborno y corrupción de grandes proporciones internacionales que implicaba directamente al Gobierno de López Arellano y que tomó gran cobertura ante el suicidio del presidente de la United Brands. La acumulación de estas circunstancias fue aprovechada por un grupo de tenientes coroneles para destituir al general el 22 de abril de 1975 y reemplazarlo por el coronel Juan Alberto Melgar Castro.
EL GOBIERNO MILITAR DE MELGAR CASTRO (1975-1978)
La nación no se dio la tregua con el cambio de régimen militar para plantearse con tranquilidad un nuevo rumbo con visión de futuro. Las protestas públicas continuaron en el ámbito nacional, pero con el retorno del autoritarismo, las represiones fueron tan fuertes como en los tiempos de López Arellano. La historia registra que, como la Reforma se había estancado, los campesinos descontentos, acompañados por varios sacerdotes católicos, organizaron una gran Marcha del Hambre en junio de 1975. Saldrían de 25 puntos distintos del interior del país y se concentrarían en Tegucigalpa, donde fueron violentamente reprimidos.
A pesar de un entorno sin espacios de análisis y concertación pacífica de las acciones por los grandes intereses de la mayoría y el desarrollo sostenible del pueblo, el general Melgar trató de oponerse a las fuerzas más reaccionarias del país e introducir algunas reformas. Decretó el fin de las concesiones ferroviarias de las bananeras y los ferrocarriles pasaron a ser propiedad del Estado.
Juan Alberto Melgar Castro también tuvo que enfrentarse en el plano político a los sectores más reaccionarios del país, y para salir de la crisis institucional que se estaba padeciendo, trató de introducir reformas en el plano político. Para ello creó un Comité Asesor del Jefe de Estado, en el que estarían representadas todas las fuerzas vivas del país, invitando a participar no solo a los partidos políticos tradicionales, sino también a dos partidos entonces en formación y compuesto por intelectuales y profesionales, la Democracia Cristiana y el PINU, o Partido de Innovación y de Unidad. Sin embargo los partidos tradicionales se rehusaron a formar parte del Consejo Asesor.
LA JUNTA MILITAR Y POLICARPO PAZ GARCÍA (1978-1982)
En 1978, el general Juan Alberto Melgar Castro aspiró a la Presidencia de la República, aunque apoyado solo por los dos nuevos partidos en formación, lo que molestó a otros oficiales que tenían su propia agenda, y fue destituido el 7 de agosto de 1978, colocando en el poder a una Junta presidida por el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, el general Policarpo Paz García. Con la Junta retornarían al poder nuevamente los sectores más reaccionarios de la sociedad hondureña.
Pocos meses después cae el gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua y se entroniza el sandinismo, lo que abre nuevos espacios para el ascenso vertiginoso de figuras militares, como Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, que es ascendido pronto a general. El gobierno militar de Paz García conduce sus decisiones para que Honduras se convierta en el principal punto de apoyo para combatir el comunismo en la región. Empiezan a fluir enormes cantidades de recursos financieros para fortalecer su posición estratégica y para subsidiar la modernización del país, que lo hizo cada vez más dependiente del financiamiento externo.
Paradójicamente, los beneficios de las formas de colaboración y de obtención de financiamientos a cambio de ellas en nada contribuyeron a la paz del país, que empezó a agitarse cada vez más, acentuándose el antimilitarismo, los sentimientos en contra de la colaboración con intereses de otros Estados y multiplicándose los actos terroristas. En reacción, se aumentó la represión y la violación de derechos humanos. Los proyectos reformistas se paralizan, y se acrecienta el descontento popular.
ROBERTO SUAZO CÓRDOBA Y EL GENERAL ÁLVAREZ MARTÍNEZ (1982-1985)
Desde la administración del Presidente Jimmy Carter (1977-1981), Estados Unidos había empezado a presionar a todos los gobiernos militares latinoamericanos para que depusieran el poder y lo cedieran a los civiles, restableciendo las prácticas democráticas. En Honduras el resultado fue que el gobierno del Dr. Roberto Suazo Córdoba, candidato de los militares, ganara ampliamente las elecciones. Pero su gobierno demostró desde el principio no poder dejar prácticas de corrupción que caracterizaron a sus antecesores en el poder, y se caracterizó por la obediencia y sujeción a las fuerzas aún dominantes en la cúpula militar.
Fue el Comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, el General Gustavo Álvarez Martínez, con la venia del Presidente Suazo Córdoba, el que dio un apoyo total a los Contras nicaragüenses, y sus actuaciones son tristemente recordadas por las generaciones que aún no comprenden el por qué de las violaciones de derechos humanos y reconocen en el dolor de las familias que perdieron seres queridos, el asidero y mayor justificación para deponer posiciones extremas y dedicarse a construir una sociedad de oportunidades y bienestar para todos.