El poder judicial en Honduras ha experimentado un cambio radical. En 1994 fue creado el Ministerio Público o Fiscalía General permitiéndole al Estado actuar de oficio en la persecución de delitos sin la necesaria intervención de los interesados. Se abandonó el juicio escrito por el juicio oral y público, haciéndose hincapié en la presunción de inocencia, el debido proceso y las medidas sustitutivas a la prisión cuando se amerite.